La novena edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires será recordada por la clausura del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El insólito y triste hecho que marcó la sexta fecha del Súper TC 2000 sigue haciendo mella y resultó un tema a profundizar en los días siguientes. Las partes expresaron su postura y creció la controversia.
El lunes 21 se supo desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que la clausura no fue levantada el domingo, habiéndose corrido en un lugar sin autorización. Se contradijo la información brindada de parte de la categoría el día de la carrera, donde se informaba que Celsa Ramírez, fiscal de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, había dejado sin efecto la medida. Así lo ratificó Pierre Louis Chapar, responsable de la Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA. Aunque eso fue la primera señal de un teléfono descompuesto entre el GCBA y los responsables de la concesión privada del Autódromo.
Según Chapar, la medida del Gobierno porteño se aplicó labrando un acta de comprobación de clausura, que se ejecutó la noche del sábado 19 ante la omisión de los deberes de la empresa Autódromo de Buenos Aires S.A (ACBA S.A.) a cargo de Carlos Soriano y Gustavo Ronchetti. Ellos pidieron la habilitación para que el escenario pueda disponer de las tribunas a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA. El 11 de julio se hizo una inspección ocular donde, según Chapar, se objetaron la falta de tapas y de cajas en los tableros eléctricos, las garrafas de gas que estaban pegadas a cables expuestos, material levantado y la ausencia de mangueras al lado de los hidrantes. A todo esto Autosports SA, empresa a cargo del STC 2000, había pagado el alquiler del predio que debía estar en condiciones.
Pero desde el ACBA S.A, mediante un comunicado, afirman “no haber sido notificados de las objeciones municipales”. Y agregan que “el 17 (ya con los equipos dentro del autódromo), la categoría recibió una acta de intimación previa de eventos con puntos a cumplir. La DGHyP firmó también la denegatoria del permiso para hacer la carrera sin haber verificado siquiera si esos puntos estaban solucionados o no al momento de inicio de actividad en el predio”. Por último, afirman ser víctimas de “una persecución de la Agencia Gubernamental de Control que a través de esas situaciones desea hacer caducar de manera ilegítima nuestro contrato” y amenazan “recurrir a la justicia para defender sus derechos”.
Las manifestaciones de Soriano y Ronchetti se desentienden de las palabras de Chapar, quien aclaró: “Esto no es nuevo para ellos ya que tuvieron reuniones con autoridades de desarrollo económico. Incluso las inspecciones las hacemos con su arquitecto, Sergio Zamler. Hace tiempo que venimos trabajando con ellos y les venimos diciendo que esta situación tiene que ser subsanada, que hay una serie de requerimientos que tienen que cumplimentar respecto de medidas de seguridad”. Recordó que “tuvieron una clausura administrativa el año pasado, cuando en una carrera en noviembre hubo gente que invadió la pista (NdeR: última fecha del TC)”. Y anticipó que “ahora deben presentarse ante un controlador de faltas y subsanar o generar algún plan de mitigación que sea considerado por el funcionario para que considere levantarle la clausura”.
A todo esto Pablo Peón, presidente del STC 2000, se guardó a silencio. Desde la categoría solo hubo un comunicado enviado a los medios donde se agradeció al “público y al periodismo”, pero no acusan a un responsable por lo acontecido.
Esta controversia seguirá, pero el problema es mayor. Más allá de quién tenga la razón, será bueno saber quién se hará cargo de poner en condiciones al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que pasa por el peor momento de su historia.
Fuente: CORSA
