El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó a través del Boletín Oficial un llamado a licitación para implementar la VTV obligatoria, cuya normativa había sido sancionada por la Legislatura de la Ciudad en el 2011. Los adjudicatarios se conocerán el 30 de julio y se espera su puesta en marcha para enero del año que viene.
Actualmente, este trámite es obligatorio para todos los vehículos particulares y públicos dedicados
al transporte de personas y cargas, como así también a los vehículos de alquiler y a los que pertenecen a las escuelas de conducción.
Según diversas fuentes, el trámite costará $207 para los autos y $80 para las motos. Estarán exentos de realizarlo aquellos vehículos con menos de tres años de antigüedad (o 60.000 Km) y las motos que todavía no hayan llegado al año de usadas.
Aquellos vehículos que no aprueben la verificación, dispondrán de 60 días para realizarla nuevamente, de forma gratuita. Por otro lado, los jubilados, los mayores de 65 años y quienes presenten un certificado de discapacidad podrán realizar la VTV sin cargo si la realizan dentro de los plazos establecidos.
La VTV controla la emisión de gases contaminantes, los niveles de ruido permitidos, la identificación de carrocería y el estado de la suspensión, neumáticos, frenos, luces reglamentarias, cristales, espejos, cinturones de seguridad y los elementos reglamentarios como el matafuegos, las balizas, etc. Cabe recordar que los vehículos radicados en Capital Federal también deberán contar con el grabado de la patente en el capot, la puerta y el baúl, un trámite recientemente implementado cuyo costo asciende a los $400 (ver noticia relacionada).
Tanto la ley como la licitación establecen que para enero de 2015 se desplieguen al menos una decena de lugares habilitados para realizar este trámite, con el fin agilizar el cumplimiento. Estos lugares pueden ser talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y motos comunes y corrientes, pero que deben tramitar una calificación para esta especialidad y cumplir requisitos que fije la reglamentación, como contar con un director técnico responsable de los trabajos y acreditar certificación de aptitud técnica emitida por un organismo competente.
